México: política, dinero y legalidad

No es válido en una democracia constitucional que el presidente electo descalifique a una institución autónoma como el INE por haber sancionado a su partido

Ciro Murayama

El Instituto Nacional Electoral (INE) de México sancionó el 18 de julio a Morena, el partido político ganador de los comicios presidenciales, por una trama de financiamiento ilegal.

Tras los sismos de septiembre de 2017 que afectaron a diversas localidades del país, varios partidos políticos anunciaron su interés por ayudar a los afectados. El INE les recordó que los partidos tienen prohibido por ley entregar dinero, bienes o servicios por sí o por interpósita persona a la población. Ello es considerado una dádiva en un país marcado por la desigualdad y las carencias sociales.



Morena, sin embargo, aprobó en su máximo órgano de decisión, el Consejo Nacional, crear un fideicomiso para recibir dinero y entregarlo a los damnificados. Los responsables del fideicomiso fueron todos dirigentes de Morena e incluso el domicilio registrado fue la sede nacional del partido político. El fideicomiso reunió 78,8 millones de pesos (más de 4 millones de dólares). De esa suma, 44,4 millones tuvieron procedencia desconocida pues fueron ingresos en efectivo, lo cual está prohibido en México para los partidos: toda aportación privada debe provenir de personas físicas bien identificadas y a través de transferencias bancarias. El fideicomiso de Morena también recibió 3,2 millones de empresas mercantiles; de nuevo, una falta a la ley. Hasta el 31 de mayo de 2018 del fideicomiso se habían retirado 64,5 millones de pesos, en cheques de caja a 70 individuos, ningún damnificado, y de los que 80% eran trabajadores del partido Morena, dirigentes y candidatos. Esos son los hechos.

El INE impuso una multa a Morena por el 250% de los recursos que llegaron al fideicomiso al entender que se trató de un fraude a la ley que implica dolo: se usó un instrumento jurídico válido, pero para un fin no permitido y, al no informar a la autoridad de la creación del propio fideicomiso, se eludió el cumplimiento de las obligaciones que tienen los partidos en México para el manejo de sus finanzas.
En la sanción del INE no se responsabiliza a Morena de haber usado esos recursos en sus campañas electorales porque ese extremo no se acreditó: al ser dinero en efectivo no fue posible seguir el destino final. Así, esta sanción no pone en riesgo la calificación de los comicios del 1 de julio.

Sin embargo, el candidato ganador de la elección, Andrés Manuel López Obrador, ha acusado al INE de ser parte de un “complot” por sancionar a Morena, acto que califica de “vil venganza” y acusa a los consejeros del INE de “falta de honorabilidad”.
El INE es una institución que goza de autonomía constitucional en México, es decir, no depende del poder ejecutivo. Gracias a su independencia, el INE ha organizado elecciones genuinas que han permitido tres alternancias de gobierno en lo que va del siglo y que hicieron posible, precisamente, que la ciudadanía en libertad votara por el propio López Obrador.
Las decisiones del INE pueden ser recurridas ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hay una ruta legal abierta para cuestionar la sanción del INE a Morena. Así debe ser en un Estado de derecho.
Lo que no es válido en una democracia constitucional, es que el virtual presidente electo descalifique a una institución autónoma por haber sancionado a su partido. Más aún que, con el poder que le otorgaron 30 millones de votos, personalice ataques contra funcionarios públicos que sólo hacen su trabajo. Parece necesario recordar que, en democracia, el poder político siempre es limitado y se sujeta a la ley.

Ciro Murayama es economista y consejero electoral del Instituto Nacional Electoral de México.