Tuesday, June 13, 2017

Guatemala: Exprópiese

Guatemala: Exprópiese

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Por María Dolores Arias
Con esas palabras Hugo Chávez, ex presidente de Venezuela, expropiaba a diestra y siniestra toda aquella propiedad que consideraba no cumplía con los propósitos de la revolución. En febrero de 2010, durante la transmisión de su programa Aló Presidente, en medio de la Plaza Bolívar en Caracas, Chávez expropió los edificios aledaños con la excusa del interés social.
Según Chávez, “la propiedad privada debía estar sujeta al interés social”, “debía estar subordinada a la estrategia nacional”, por lo que emitió una serie de leyes que minaban el derecho a la propiedad para convertirlo en un permiso. Por solo mencionar un ejemplo, la Ley de propiedad social le daba el poder al gobierno de declarar de “utilidad pública y de interés social” aquellos bienes que podrían ser declarados de “propiedad social”, es decir, expropiar aquello que le fuera “útil al gobierno” sin más trámite que el “Exprópiese” de Chávez.


El principio en el que se basan estas leyes y quienes la promulgan es que los derechos individuales están sujetos a la decisión, por lo general arbitraria, del colectivo o de sus representantes, léase gobierno. Para ellos el derecho a la vida, propiedad y libertad sólo son concesiones del grupo o gobierno. Es decir, los derechos individuales dejan de ser derechos y se convierten en permisos.
Se respetan si le conviene al grupo o se respetan los derechos sólo de quienes están en el poder y tienen la fuerza del gobierno para hacerlos respetar. Tal como se propone en la iniciativa “Ley de Tierras” que presentaron la semana pasada algunos diputados.
Con la excusa del “bien común”, de proteger a los más pobres, de establecer una “redistribución” de tierras, impartir justicia “social” y restablecer la “función social” de la propiedad, proponen una Ley que les permita violar el derecho de propiedad de “algunos” en beneficio de “otros”.
La iniciativa en el artículo 11 considera bienes expropiables entre otros a las tierras sin cultivar o en abandono, a aquéllas que no las cultiva el dueño directamente, las que están arrendadas, las que se necesiten para formar poblaciones, los “excesos” de tierra, los excedentes de agua. Es decir, todos aquellos que sean dueños de bienes con las características anteriores serán susceptibles de ser expropiados para el beneficio colectivo. En pocas palabras pierde su derecho a la propiedad.
Sin embargo en el artículo 12 lista aquellos bienes que no son afectos a la Ley, entre ellos las tierras en posesión de los “Pueblos, comunidades indígenas”, las comunidades agrarias, indígenas o campesinas. Entonces ¿unos sí tiene derecho a su propiedad y otros no? Al parecer para los diputados ponentes así es y además eso es “justicia social”.
De acuerdo a los considerandos, los diputados pretenden hacernos creer que mediante expropiaciones se combatirá efectivamente la pobreza y se logrará el desarrollo económico en el campo. Olvidan convenientemente que es precisamente este tipo de “legislorrea” la que ahuyenta a los inversionistas privados.
Que si en verdad les interesa el desarrollo rural y de las comunidades rurales deben proteger los derechos individuales de todos y no sólo de algunos. Que deben garantizar que cualquiera podrá disfrutar del fruto de su mente y esfuerzo sin el temor a ser robados, estafados o expropiados. Que la pobreza no se combate repartiendo la riqueza ajena sino creando cada quien la propia en intercambios de valor y voluntarios.
La principal diferencia entre gritar “Exprópiese” como lo hacía Chávez y nombrar Departamentos, Consejos, Comisiones y Comités Agrarios que ejecuten las expropiaciones, no es de carácter técnico ni legal sino de hipocresía. Mientras Chávez no tenía ningún empacho en exhibir y usar su poder dictatorial, los diputados pretenden hacernos creer que la violación del derecho a la propiedad es moral si se hace por el bien común. Pretenden ser reconocidos como salvadores de los pobres y no como expoliadores legalizados.
Ni el show del “Exprópiese” de Chávez ni las comisiones técnicas de los diputados le dan el derecho a nadie de violar el derecho de los demás.

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