Wednesday, May 10, 2017

Ahora es oficial: Los Estados Unidos es un estado policial

Paul Craig Roberts


Los norteamericanos han estado perdiendo la protección de la ley por años. En el siglo XXI la pérdida de las protecciones legales aceleradas con la "guerra antiterrorista” del régimen de Bush, la cual continúa bajo el gobierno de Obama, es esencialmente una guerra contra la Constitución y las libertades civiles de los EE.UU.
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Aafia Siddiqui
El régimen de Bush estaba determinado a viciar el habeas corpus para detener a gente indefinidamente, sin acusarlos. El régimen había adquirido centenares de presos pagando recompensas por los terroristas. Los señores de la guerra y matones afganos respondieron al ofrecimiento financiero por capturar a gente desprotegida y vendiéndola a los norteamericanos.
El régimen de Bush necesitaba detener a los presos sin acusarlos porque no tenía pruebas contra la gente y no quiso admitir que el gobierno de los EE.UU. había pagado estúpidamente a los señores de la guerra y matones para secuestrar a gente inocente. Además, el régimen de Bush necesitaba prisioneros “terroristas” para "probar" que había una amenaza terrorista.




Como no habían pruebas contra los “detenidos” (la mayoría ha sido liberada sin acusaciones después de varios años de detención y abusos), el gobierno de los EE.UU. necesitaba revertir las leyes estadounidenses e internacionales contra las torturas, para que el gobierno pudiera producir pruebas vía la auto-incriminación. El régimen de Bush encontró a abogados inhumanos y de mentes totalitarias y los puso a trabajar en el Departamento de Justicia de los EE.UU. (sic), para inventar los argumentos que el régimen de Bush necesitaba para no obedecer la ley.
El régimen de Bush creó una nueva clasificación para sus detenidos que justificaba el negarles una protección legal y el correspondiente proceso a los detenidos. Como los detenidos no eran ciudadanos de los E.E.U.U. y eran demonizados por el régimen como “los 760 hombres más peligrosos en la tierra”, hubo una mínima protesta pública sobre las acciones inconstitucionales e inhumanas del régimen.
Como nuestros Padres Fundadores y una lista larga de eruditos advirtieron, una vez que se violan las libertades civiles, estas son violadas para todos. Pronto comenzaron a detener a los ciudadanos de los EE.UU., siendo detenidos indefinidamente en violación a su derecho del habeas corpus. La Dra. Aafia Siddiqui, una ciudadana norteamericana de origen paquistaní, pudo haber sido la primera.
La Dra. Siddiqui, un científico educado en el MIT y Brandeis University, fue detenida en Paquistán por ninguna razón sabida, enviada a Afganistán, y allí fue detenida secretamente por cinco años en la tristemente célebre prisión militar de Bagram de los EE.UU. en Afganistán. Sus tres hijos, uno de apenas 8 meses de edad, estaban con ella cuando la secuestraron. Ella no tiene idea de qué ha pasado con sus dos hijos menores. Su hijo mayor, de 7 años, también encarcelado en Bagram, fue sujeto de abusos y horrores similares.
Siddiqui nunca ha sido acusada de un crimen relacionado con el terrorismo. Un periodista británico, que oyó sus gritos cuando la torturaban, divulgó la existencia de la Dra. en la prisión. Un gobierno avergonzado de los EE.UU. respondió al revelador reportaje enviando a Siddiqui a los EE.UU., para un juicio bajo el inventado cargo de que, mientras estaba prisionera, ella agarró el rifle de un soldado norteamericano y disparó dos tiros, intentando dispararle al soldado. La acusación, al parecer, originó la excusa de que un soldado estadounidense le disparara a la Dra. Siddiqui dos veces en el estómago, dando por resultado que ella estuviera cerca de la muerte.
El pasado 4 de febrero, un jurado de Nueva York declaró culpable a la Dra. Siddiqui de intento de asesinato. Las únicas pruebas presentadas contra ella eran la acusación misma y una demanda insostenible de que ella había tomado una vez un curso para disparar pistolas en un centro de entrenamiento de tiros en los EE.UU. No se presentó ninguna prueba de que su huella dactilar en el rifle que esta frágil y doliente mujer de 100 libras, alegadamente, había agarrado de un soldado americano. No se presentó ninguna prueba de que un arma había sido disparada, ninguna bala, ningún casquillo de bala, ningún agujero de bala. Apenas una acusación.
Wikipedia dice lo siguiente sobre el juicio: “El juicio tomó un giro inusual cuando un funcionario del FBI afirmó que las huellas dactilares tomadas del rifle, que presumiblemente fue utilizado por Aafia para disparar a los interrogadores de los EE.UU., no concordaban con los de ella”.
Un jurado norteamericano ignorante y fanático la condenó por ser una musulmán. Éste es la clase de “justicia” que siempre resulta cuando el ministerio de propaganda del estado [los grandes medios de comunicación corporativos, Nota del Editor] inflaman el temor y demonizan a un grupo.
La gente que debió haber sido enjuiciada es la gente que la secuestró, que desapareció a sus niños más pequeños, que la envío a través de las fronteras internacionales, que violó sus libertades civiles, que la torturó al parecer por diversión, que la violó, e intentó asesinarla con dos tiros en su estómago. En lugar de eso, llevaron a juicio a la víctima y la condenaron.
Éste es el sello inequívoco de un estado policial. Y esta víctima es una ciudadana norteamericana.
El asesinato de ciudadanos como una "política definida"
Cualquier persona puede ser el siguiente. De hecho, el 3 de febrero Dennis Blair, director de la Inteligencia Nacional dijo a la Comisión de Inteligencia de la Casa de Representantes, que ahora era una “política definida” que el gobierno de los EE.UU. puede asesinar a sus propios ciudadanos, sobre la única base de que alguien a juicio del gobierno resuelva que es una amenaza para los EE.UU. Ninguna detención, ningún juicio, ninguna convicción, solo una ejecución bajo la sospecha de ser una amenaza.
Sí, el gobierno de EE.UU. ha asesinado a sus ciudadanos, pero la política “definida” de Dennis Blair es una novedad intrépida. El gobierno, por supuesto, niega que se propusiera matar a los Davidianos, a la esposa e hijo de Randy Weaver, o a las Panteras Negras. El gobierno dice que Waco fue una tragedia terrible, un resultado involuntario causado por los propios Davidianos. El gobierno dijo que lo de Ruby Ridge fue el error de Randy Weaver de no aparecer ante un tribunal en un día que no fue debidamente informado a él. Las Panteras Negras, el gobierno dice, eran unos criminales peligrosos que insistieron en disparar.
En ninguna previa muerte de un ciudadano de los EE.UU. a manos del gobierno de los EE.UU., el gobierno ha reclamado el derecho de matar a los norteamericanos sin detenerlos, enjuiciarlos, y declararlos culpables de un crimen capital.
En cambio, Dennis Blair ha dicho al Congreso de los EE.UU. que el Poder Ejecutivo ha asumido el derecho de asesinar a los norteamericanos que juzguen como una “amenaza.”
¿Qué define una “amenaza”? ¿Quién tomará la decisión? ¿Qué significa que el gobierno asesinará a quienquiera que elija?
No hay mejor evidencia de la existencia de un estado policial cuando el gobierno anuncia que asesinará a sus propios ciudadanos si los ven como una “amenaza”.
Es irónico ver cómo la “la guerra antiterrorista” para hacernos más seguros termine en un estado policial, con el gobierno declarando que tiene el derecho de asesinar a los ciudadanos norteamericanos que ellos consideren como una amenaza.

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