Monday, April 3, 2017

Una posible solución al conflicto de Malvinas

Una posible solución al conflicto de Malvinas

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Por Ricardo Manuel Rojas
(Publicado originalmente el 2 de abril de 2012 en el 30º aniversario del conflicto)
A treinta años de la guerra, el conflicto entre Gran Bretaña y Argentina por la soberanía sobre las Islas Malvinas sigue empantanado. La posición Argentina persiste en reclamar la soberanía de un archipiélago en el cual, tras sucesivas ocupaciones de países europeos (holandeses, franceses, ingleses), se estableció en 1820 un asentamiento y un gobierno dependiente de Buenos Aires, encabezado por Luis María Vernet, posteriormente desalojado por la fuerza tras una ocupación británica en 1833. Mientras que el gobierno británico reclama derechos anteriores, además de su ocupación ininterrumpida por casi dos siglos, y respalda a los habitantes de las islas, cuyos ascendientes se instalaron allí desde entonces.


Ambos países esgrimen argumentos históricos, geográficos, políticos, desde donde encuentran argumentos atendibles para defender sus posiciones. El gobierno británico insiste en que se pondere la opinión de los habitantes de las islas, a pesar de que las Naciones Unidas han sostenido reiteradamente que el conflicto debería resolverse con prescindencia de dicha opinión. El Comité de Descolonización de las Naciones Unidas evalúa el caso desde 1965, y las islas están en la lista de los pocos territorios no autónomos que quedan en el mundo.
En estas condiciones el caso es de difícil solución. La posición argentina se asienta en un reclamo de soberanía sobre un territorio respecto del cual, en los hechos, no sólo no ha tenido jurisdicción o participación efectiva alguna durante los últimos ciento setenta y nueve años, sino que tal pretensión choca contra el repudio casi unánime de los habitantes del archipiélago. La posición británica, también basada en su reclamo de soberanía, implica mantener una jurisdicción a una distancia que la torna muy ineficiente y que sólo se justifica por el pedido de los habitantes.
Si en algún momento este conflicto se resuelve adjudicando la soberanía a uno u otro país, ello será un golpe muy grande para el orgullo de quien  resulte perdedor.
Una visión actual del problema necesariamente deberá reconocer que los cambios tecnológicos, en las comunicaciones, organización y administración, producidos en el último siglo, pueden modificar algunos viejos conceptos sobre la soberanía. Esos cambios a los que algunos prefieren llamar “globalización” han reinstalado el debate sobre la autonomía de regiones pequeñas que pretenden escapar a sistemas jurídicos invasivos que se imponen a partir, precisamente, de la idea de soberanía.
Los ejemplos exitosos de las charter cities como Hong Kong o Singapore en el siglo XIX, unidos a los avances tecnológicos, ha producido un extenso menú de opciones de organización, que va desde las regiones libres o free cities, hasta, al menos en teoría, las islas artificiales construidas en mar abierto. Recientemente Honduras dio un paso significativo en este sentido, al modificar su constitución y dictar una ley que regula la creación de Regiones Especiales de Desarrollo en su territorio, que cede a estos espacios importantes atribuciones en materia legislativa, jurisdiccional, de seguridad, de celebración de acuerdos internacionales, etc.
Si el problema de la soberanía pudiera ser congelado por algún tiempo más, y se reconociera a los isleños el derecho que, más allá del origen de la posesión, han mantenido ininterrumpidamente a través de transmisiones de dominio desde 1833, podría buscarse por este lado una solución eficiente al conflicto.
Las bases generales para una propuesta de este tipo podrían sintetizarse de la siguiente manera:
1)  Argentina y Gran Bretaña deberían suspender todo reclamo de soberanía sobre el archipiélago durante los próximos cincuenta años.
2)  Gran Bretaña retiraría toda fuerza militar que mantenga en la región.
3)  Argentina se comprometería ante la comunidad internacional a no realizar ninguna actividad tendiente a ejercer ningún tipo de actos vinculados con la soberanía en territorio de las Islas.
4)  Gran Bretaña reconocería la extensión del mar territorial argentino, y ambos países, a su vez, reconocerían un área de mar alrededor del archipiélago, donde los isleños tendrían exclusiva jurisdicción.
5)  Los isleños deberían sancionar su propio Estatuto Constitucional, bajo el cual se regirían durante esos cincuenta años. Dicho estatuto incluirá lo relativo a la organización, administración, legislación interna, resolución de conflictos, seguridad, etc. La administración de las Islas, en la medida en que sea autorizada por la legislación interna, podría celebrar acuerdos comerciales o de cooperación en cualquier área con terceros países, sin necesitar la autorización o intervención de los gobiernos británico o argentino.
6)  Ni Gran Bretaña ni Argentina podrían reclamar de los isleños ninguna carga o imposición correspondiente a ciudadanos o habitantes de sus respectivos países, tales como el pago de impuestos, servicio militar, etc. Cada habitante de las islas podía decidir, voluntariamente, si quiere obtener su ciudadanía británica, argentina, de otro país o de ninguno.
7)  Se celebraría un acuerdo entre Gran Bretaña, Argentina y la administración de las Islas, por medio del cual, empresas británicas y argentinas, en partes iguales, explotasen hidrocarburos y otros recursos existentes en la zona marítima de jurisdicción exclusiva de las islas, abonando a dicha administración un canon equivalente al 30% de los ingresos brutos que se perciban por dicha explotación. Los isleños decidirían, de acuerdo con los mecanismos internos establecidos en su Estatuto Constitucional, el destino de dichos fondos.
8)  Transcurridos los cincuenta años, los isleños deberían opinar en referendum, si prefieren mantener ese estatus de free city, o por el contrario, que se reanude la discusión respecto de la soberanía entre Gran Bretaña y Argentina. En el caso en que estos países no acepten la preferencia de los isleños, la cuestión debería ser resuelta irrevocablemente por la Corte Internacional de Justicia, fallo al que ambos países deberían someterse.
De este modo, desprovista la discusión de los problemas que arrastran las cuestiones donde la soberanía está involucrada, probablemente la solución definitiva se vaya produciendo en forma espontánea con el transcurso del tiempo, sin provocar más fricciones entre los países involucrados y los habitantes de las islas.

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