Monday, April 3, 2017

Narcopolítica, otra vez

Retrovisor

Ivonne Melgar 
 
Walter White, el protagonista de la serie Breaking Bad, se vuelve un párvulo de risa loca frente al personaje que Estados Unidos nos ha notificado que es el fiscal de Nayarit, Édgar Veytia.
En la historia de Sony Pictures Televisión, difundida a partir de 2008, un brillante profesor de química, en tratamiento por cáncer, se convierte en exitoso cocinero de metanfetaminas.
En nuestra realidad, nueve años después, la Corte de Nueva York acusa al ahora exprocurador nayarita de conspiración internacional, distribución y fabricación de heroína, cocaína, metanfetaminas y mariguana.



Así que, mientras el Walter de la serie le ve la cara a su universidad, a la familia, a la DEA, a los narcos y a sus lavadores de dinero, el fiscal Veytia de México logra burlarse del Estado en su conjunto. Y peor aún: ¡suplantarlo!
Sí, Veytia habría sorteado los controles de confianza que supuestamente deben aprobar los procuradores en el país. Ya antes estuvo a cargo de la seguridad de la capital de la entidad.
Y abusar de la confianza del gobernador Roberto Sandoval del PRI que, según su dicho, jamás sospechó del encargado de investigar las violaciones a la ley.  Por el contrario, en 2012 lo nombró “el funcionario del año”.
El fiscal, que este miércoles fue detenido en San Diego, también habría pasado por encima del gabinete de seguridad y cada uno de sus componentes: Secretaría de Gobernación, PGR, Función Pública, CISEN y Fuerzas Armadas.
Sí, Veytia era parte de eso que pomposamente se denomina Consejo Nacional de Seguridad y de la Conferencia Nacional de Procuradores, espacios donde secretarios federales, gobernadores y funcionarios encargados de la justicia se reúnen para repasar sus pendientes: depuración policial, mando único, combate al narco…
Así que el fiscal del gobierno priista de Nayarit accedía a las plataformas de inteligencia, operación policiaca y militar del Estado mexicano.
¿Era un infiltrado de la delincuencia en las esferas de máxima decisión?
¿O es la evidencia de cómo, en algunas regiones del país, eso que llamamos Estado se suplanta por las bandas criminales? 
Porque la historia del fiscal de Nayarit nos está mostrando a gritos que esos comandantes, jueces y custodios, presuntamente comprados por unos capos, sólo son posibles, gracias a la operación de la narcopolítica.
El tema nos estalló en 2014 con la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, quienes habrían sido entregados por policías locales a sicarios del narco, por instrucciones del alcalde de Iguala, José Luis Abarca, postulado por el PRD. 
De entonces a la fecha, la preocupación de desmontar la narcopolítica se diluyó cuando se impusieron otros reclamos, como el de abrir los cuarteles del Ejército para buscar a los muchachos.
Así que la consigna de “¡Fue el Estado!” se desvió a los militares de un batallón, exonerando por la vía de los hechos a los responsables originales y supuestos protagonistas de la narcopolítica.
Y así como dejamos de ocuparnos de José Luis Abarca, su esposa María de los Ángeles Pineda, la banda de Guerreros Unidos y los policías involucrados en la desaparición, también se le olvidó al Congreso el paquete de iniciativas que buscaban inhibir y castigar casos como el de Veytia.
¿Alguien se acuerda de Gabriel Gómez Michel, diputado federal del PRI, asesinado ese septiembre de 2014 en Tlaquepaque, por el crimen organizado, según se dijo?
¿Tenemos novedades de hasta dónde llegaron los vínculos con Los Caballeros Templarios del gobernador de Michoacán, Jesús Reyna, detenido por delincuencia organizada también ese año?
El conveniente carpetazo de los expedientes de política y narcotráfico se suma a los usos y costumbres de los cotos de poder en los estados, donde el gobernador en turno y sus hombres de confianza actúan sin contrapesos ni límites.
En 2016, el diputado federal Guadalupe Acosta Naranjo denunció, en mítines en Tepic, cómo actuaba el nayarita ahora detenido y sin derecho a fianza en EU.
“El fiscal Édgar Veytia decide en los juzgados qué juicios se ganan y qué juicios se pierden. Cuando llegan a verlo, tiene la pistola en la mesa para amenazar. Y chantajea con quedarse con propiedades malbaratadas y luego comprarlas él. Y amenaza a los opositores. Sé que me están grabando y sé que Édgar Veytia piensa que todo mundo le tiene miedo”, expuso en junio del año pasado.
Era la descripción de un hombre autoritario que procedía con impunidad.
Y, sin embargo, entonces privó el silencio, el mismo que hasta ahora han mantenido el gobierno federal y las instancias del Estado burladas por el fiscal.
Porque las indagaciones en torno a los presuntos nexos de Veytia con el Cártel Jalisco Nueva Generación nunca procedieron del Estado mexicano al que muy bien infiltró y suplantó.
Como sucedió con Walter White en Breaking Bad, cuya suerte termina en un enfrentamiento con otros productores de droga, en la vida real de México, la libertad del fiscal que saludaba con la pistola en mano se pierde en la misma corte de EU, donde es procesado Joaquín El Chapo Guzmán.
Porque cuando el narco manda, el Estado calla.

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