Lo que el Estado no es

Anatomia del Estado
El Estado es considerado casi universalmente como una institución de servicio público. Algunos teóricos veneran al Estado como la apoteosis de la sociedad; otros lo consideran como una amigable, aunque algunas veces ineficiente, organización para el logro de fines sociales; pero casi todos lo consideran como un medio necesario para lograr los objetivos de la humanidad, un medio a ser contrapuesto al “sector privado” y que usualmente gana en esta competencia por recursos. Con el surgimiento de la democracia, la identificación del Estado con la sociedad se ha redoblado, hasta el punto que es común escuchar la expresión de sentimientos que virtualmente violan todos los principios de la razón y el sentido común, tales como “nosotros somos el gobierno”. El útil término colectivo “Nosotros” ha permitido que un camuflaje ideológico haya sido extendido sobre la realidad de la vida política. Si “nosotros somos el gobierno”, entonces todo lo que un gobierno le haga a un individuo no es sólo justo y no-tiránico, sino también voluntario de parte del individuo involucrado. Si el gobierno ha incurrido en una enorme deuda pública la cual debe ser pagada gravando a un grupo en beneficio del otro, la realidad de la carga es oscurecida al decir que “nos lo debemos a nosotros mismos”; si el gobierno recluta a un hombre, o lo encierra en prisión por sus opiniones disidentes, entonces“él mismo se lo hizo”, y por lo tanto, nada grave a sucedido. De acuerdo a este razonamiento, cualquier judío asesinado por el gobierno Nazi no fue realmente asesinado, sino que debe haber “cometido suicidio”, ya que los judíos eran el gobierno (el cual fue democráticamente electo) y, en consecuencia, cualquier cosa que el gobierno les haya hecho fue voluntario de su parte. Uno pensaría que no es necesario elaborar sobre este punto, y sin embargo la gran mayoría de la población cree en esta falacia en menor o mayor grado.



Debemos entonces enfatizar que “nosotros” no somos el gobierno, el gobierno no es “nosotros”. El gobierno no representa en ningún sentido preciso, a la mayoría del pueblo1. Pero aún si lo hiciera, aún si el 70% de la población decidiera asesinar al restante 30%, eso sería de todas formas asesinato y no suicidio voluntario de parte de la minoría masacrada2. A ninguna metáfora organicista ni calmante irrelevante de que “todos somos parte del otro” debe permitírsele oscurecer este hecho básico.
Si, entonces, el Estado no es “nosotros”, si no es la familia humana juntándose para decidir sobre sus problemas comunes; si no es una reunión de una logia o “Country Club”; ¿qué es el Estado? Brevemente, el Estado es aquella organización en la sociedad que intenta mantener un monopolio sobre el uso de la fuerza y la violencia en una determinada área territorial; en particular, el Estado es la única organización que obtiene sus ingresos, no a través de contribuciones voluntarias o el pago por servicios prestados, sino a través de la coerción. Mientras que otros individuos o instituciones obtienen sus ingresos por medio de la producción de bienes y servicios y por la venta voluntaria y pacífica de dichos bienes y servicios a otros individuos, el Estado obtiene su renta mediante el uso de la compulsión, es decir, la amenaza de la cárcel y la bayoneta3. Luego de usar la fuerza y la violencia para obtener sus ingresos, pasa a regular las demás acciones sus súbditos individuales. Uno pensaría que la simple observación de todos los Estados a lo largo de la historia y sobre todo el globo terráqueo, sería suficiente prueba de esta afirmación; pero el aura de mito ha envuelto por mucho tiempo las actividades del Estado, que cierta elaboración es necesaria.

Lo que el Estado es

El hombre viene al mundo desnudo y con la necesidad de usar su mente para aprender como tomar los recursos que le ha dado la naturaleza y transformarlos (por ejemplo, mediante la inversión de capital) en formas y maneras y lugares en los cuales dichos recursos puedan ser usados para la satisfacción de sus necesidades y el avance de su nivel de vida. La única forma por la cual el hombre puede lograr tal cosa es mediante el uso de su mente y su energía para transformar recursos (“producción”) e intercambiar dichos productos por bienes creados por otras personas. El hombre ha descubierto que a través del proceso de intercambio voluntario y mutuo, la productividad, y por tanto el nivel de vida de todos los participantes en el intercambio puede incrementarse enormemente. El único curso “natural” para la supervivencia del hombre y la obtención de riqueza es, por lo tanto, el uso de su mente y energía para dedicarse al proceso de la producción e intercambio. El hombre hombre hace esto, en primer lugar encontrando recursos naturales y transformándolos (“mezclando su trabajo con ellos”, según Locke), para hacerlos su propiedad individual y luego intercambiando dicha propiedad por la propiedad similarmente obtenida de otros. El camino social dictado por los requerimientos de la naturaleza del hombre es, por consiguiente, el camino de los “derechos de propiedad”. A través de este camino los hombres han aprendido a evitar los métodos de la “selva”, el pelear por los recursos escasos, de manera que A sólo puede obtenerlos a expensas de B y, en cambio, ha aprendido a multiplicar dichos recursos inmensamente en harmoniosa y pacífica producción e intercambio.
El gran sociólogo alemán Franz Oppenheimer señaló que hay sólo dos formas mutuamente excluyentes de obtener riqueza: en primer lugar, el método anterior de la producción e intercambio, al cual llamó los “medios económicos”. La otra forma es más simple, en el sentido que no requiere de productividad, es el método de la captura de los bienes o servicios de otros por medio de la fuerza y la violencia. Este es el método de la confiscación unilateral, del robo de la propiedad de otros. Este es el método que Oppenheimer denominó “medios políticos” hacia la riqueza. Debería estar claro que el uso pacífico de la razón y la energía propia para la producción es el camino natural para el hombre: sus medios de supervivencia y prosperidad en esta Tierra. Debería ser igualmente claro que los medios coercivos y explotadores son contrarios a la ley natural, son parasíticos. Pues en vez de agregar a la producción, substrae de ella. Los “medios políticos” desvían la producción hacia un individuo o grupo parasítico y destructivo; y esta desviación no sólo substrae del número de productores, sino que también reduce el incentivo que estos tienen para producir más allá de su propia subsistencia. A largo plazo, el ladrón destruye su propio medio de subsistencia al menguar o eliminar la fuente de sus propias provisiones. Pero no sólo eso, pues aún en el corto plazo, el depredador está actuando en contra de su propia naturaleza como ser humano.
Estamos ahora en una posición de contestar más completamente la pregunta: ¿Qué es el Estado? El Estado, en palabras de Oppenheimer, es la organización de los medios políticos; es la sistematización del proceso predatorio sobre un territorio determinado4. Pues el crimen es, en el mejor de los casos, esporádico e incierto, el parasitismo es efímero y la vida coercitiva y parasítica puede ser cortada en cualquier momento, a través de la resistencia de las víctimas. El Estado provee un canal legal, ordenado y sistemático para la depredación de la propiedad privada; hace segura y relativamente pacífica la vida de la casta de parásitos en la sociedad.5 Ya que la producción debe preceder siempre a la depredación, el mercado libre es anterior al Estado. El Estado nunca ha sido creado mediante un “contrato social”, siempre ha nacido de la conquista y la explotación. El paradigma clásico era el de una tribu conquistadora haciendo una pausa en sus métodos ancestrales de saqueo y asesinato de una tribu conquistada, para darse cuenta que el tiempo de vida de la depredación sería más largo y seguro, y la situación más placentera, si a la tribu conquistada se le permitiese vivir y producir, con los conquistadores asentándose entre ellos como gobernantes, exigiendo un tributo anual estable.6 Un método para el nacimiento del Estado puede ser ilustrado de la siguiente manera: en las colinas del sur de “Ruritania” un grupo de bandidos logra tomar el control físico sobre el territorio y entonces, el cacique de la banda se proclama a sí mismo “Rey del gobierno soberano e independiente de Ruritania del Sur”. Y si él y sus hombres tienen la fuerza necesaria para mantener este gobierno por un rato, ¡Bienvenidos! Un nuevo Estado se ha unido a la “familia de Naciones”, y los antiguos líderes de la banda han sido transformados en la nobleza legal del reino.

Como se preserva el Estado a sí mismo

Una vez que el Estado ha sido establecido, el problema del grupo o casta dominante es cómo mantener su dominio7. Mientras que la fuerza es su modus operandi, su problema básico y de largo plazo es ideológico. Pues para continuar a cargo, cualquier gobierno (no solamente uno democrático) debe tener el apoyo de la mayoría de sus súbditos. Este apoyo, se debe hacer notar, no necesariamente debe ser entusiasmo activo, muy bien puede ser resignación pasiva, como ante una inevitable ley de la naturaleza. Mas apoyo debe haber, en el sentido de aceptación de algún tipo; de otra manera la minoría de gobernantes del Estado eventualmente sería abrumada por la activa resistencia de la mayoría del público. Debido a que la depredación debe ser mantenida a partir de los excedentes de la producción, es necesariamente cierto que la clase constituyente del Estado -la burocracia permanente y la nobleza- debe ser una minoría bastante pequeña del país, aunque puede, desde luego, comprar aliados entre los grupos importantes de la población. Por lo tanto, la principal tarea de los gobernantes es siempre asegurar la aceptación activa o resignada de la mayoría de los ciudadanos8,9.
Por supuesto, uno de los métodos para asegurarse apoyo es la creación de privilegios. Por lo tanto, el rey solo no puede gobernar, debe tener un grupo considerable de seguidores quienes disfrutan de las prerrogativas del dominio, por ejemplo, los miembros del aparato estatal, tales como la burocracia permanente o la nobleza consolidada10. Pero este método garantiza solamente una minoría de seguidores ávidos y, hasta la fundamental compra de apoyos a través de subsidios y el otorgamiento de privilegios no es capaz de lograr el consentimiento de la mayoría. Para lograr tal consentimiento la mayoría debe ser convencida por medio de la ideología de que su gobierno es bueno, sabio, al menos inevitable y ciertamente mejor que las alternativas concebibles. La tarea social fundamental de los “intelectuales” es promover dicha ideología entre la gente. Pues las masas de hombres no cran sus propias ideas, es más, ni siquiera piensan a través de ellas independientemente, sino que siguen pasivamente las ideas adoptadas y diseminadas por el cuerpo de intelectuales. Los intelectuales son, por lo tanto, los “formadores de opinión” en la sociedad. Y ya que precisamente lo que el Estado necesita desesperadamente es el moldeamiento de la opinión pública, la base de la antigua alianza entre el Estado y los intelectuales se hace clara.
Es evidente que el Estado necesita a los intelectuales; no es tan evidente por qué los intelectuales necesitan al Estado. En pocas palabras, podemos afirmar que el sustento de los intelectuales es un mercado libre nunca está demasiado seguro, pues estos deben depender de los valores y elecciones de las masas de sus compatriotas y es precisamente característico de las masas que generalmente están desinteresadas en los asuntos intelectuales. El Estado, por otro lado, está dispuesto a ofrecerle a los intelectuales una posición permanente dentro del aparato estatal y, por lo tanto, renta segura y la panoplia del prestigio. Pues el intelectual será recompensado generosamente por la importante función que desempeña para los gobernantes, grupo del cual ahora pasa a formar parte.11
La alianza entre el Estado y los intelectuales fue simbolizada por el deseo ansioso de profesores de la Universidad de Berlín durante el siglo XIX de formar la “guardia intelectual de la Casa de Hohenzollern”. En la actualidad, debemos notar el comentario revelador de un eminente académico marxista en relación al estudio crítico del profesor Wittfogel sobre el antiguo despotismo oriental: La civilización que el profesor Wittfogel está atacando tan amargamente era una que podía convertir poetas y académicos en funcionarios.12 De innumerables ejemplos, podemos citar el desarrollo reciente de la “ciencia” de la estrategia, al servicio del brazo más violento del gobierno, el militar.13 Además, una institución venerable, es la del historiador oficial o de la “corte”, dedicada a proporcionar la visión del gobernante sobre sus propias acciones y las de sus predecesores.14
Muchos y variados han sido los argumentos mediante los cuales el Estado y sus intelectuales han inducido a sus súbditos a apoyar su hegemonía. Básicamente la cade na del argumento puede ser resumida así: (a) los gobernantes estatales son hombres grandiosos y sabios (gobiernan por “gracia divina”, son la “aristocracia” de los hombres, son los “expertos científicos”), mucho más grandiosos y sabios que los buenos pero bastante simplones súbditos y (b) la hegemonía del gobierno es inevitable, absolutamente necesaria y muchísimo mejor que los indescriptibles males que surgirían después de su caída. La unión de la iglesia y el estado fue una de las más antiguas y exitosas de estos instrumentos ideológicos. El gobernante o era bendecido por Dios o, en el caso de muchos despotismo orientales, él mismo era Dios; por lo tanto, cualquier resistencia a su dominio sería blasfemia. Los sacerdotes estatales realizaban la labor intelectual básica de obtener el apoyo popular e incluso la adoración de los gobernantes. 15
Otra arma exitosa era inspirar miedo de cualquier forma alternativa de gobierno o desgobierno. Los gobernntes actuales, se mantenía, proveen a los ciudadanos de un servicio esencial, por el cual deben estar de lo más agradecidos: protección contra criminales esporádicos y merodeadores. Pues el Estado, para mantener su propio monopolio de la depedación, en efecto se aseguraba de que el crimen privado y esporádico fuese mantenido al mínimo; el Estado siempre ha sido celoso de su propio dominio. Especialmente el Estado ha sido exitoso en siglos recientes en inspirar miedo de otros gobernantes. Ya que la superficie terrestre del Globo ha sido parcelada entre Estados particulares, una de las doctrinas básicas del Estado fue identificarse a sí mismo con el territorio que gobernaba. Como muchas personas tienden a amar su tierra natal, la identificación de dicha tierra y su gente con el Estado era un medio de hacer trabajar al patriotismo natural a favor del Estado. Si “Ruritania” estaba siendo atacada por “Walldavia”, la primera tarea del Estado y sus intelectuales era convencer a los habitantes de Ruritania de que el ataque era realmente contra ellos y no simplemente contra la casta gobernante. De esta forma, una guerra entre gobernantes fue convertida en una guerra entre pueblos, con cada pueblo saliendo en la defensa de sus gobernantes, bajo la creencia errónea que los gobernantes los estaban defendiendo a ellos. Este truco del “nacionalismo” ha sido exitoso sólamente, en la civilización Occidental, en siglos recientes; no hace mucho tiempo que las masas de súbditos consideraban las guerras como batallas irrelevantes entre distintos grupos de nobles.
Numerosas y sutiles son las armas ideológicas que el Estado ha empuñado durante siglos. Un arma exitosa ha sido la tradición. Mientras más largo sea el tiempo que el gobierno del Estado ha sido capaz de preservarse a sí mismo, esta arma es más poderosa; pues entonces las dinastía X o el Estado Y tiene el peso aparente de siglos de tradición tras de sí16. La adoración de nuestros ancestros se convierte entonces en un medio no tan sutil de adoración de nuestros gobernantes ancestrales. El mayor peligro para el Estado es la crítica intelectual independiente; no hay mejor manera de reprimir dicha crítica que atacando cada voz aislada, cada promotor de nuevas dudas, como un profano violador de la sabiduría de sus ancestros. Otra potente fuerza ideológica es depreciar al individuo y exaltar la colectividad de la sociedad. Puesto que cualquier gobierno necesita aceptación de la mayoría, cualquier peligro ideológico para dicho dominio sólo puede surgir a partir de unos pocos individuos de pensamiento independiente. La nueva idea, mucho menos la nueva crítica idea, necesita comenzar como una opinión de una pequeña minoría; por lo tanto, el Estado debe cortar dicha visión de raíz ridiculizando cualquier idea que desafía las opiniones de las masas. El “Escuchad sólo a vuestro hermano” o “ajústese a la sociedad”, por lo tanto, se transforman en armas ideológicas para aplastar la disidencia17. Con tales medidas las masas nunca aprenderán sobre la inexistencia del traje de su emperador18. También es importante para el Estado hacer parecer inevitable su dominio; aún si su reinado es impopular será enfrentado entonces con resignación pasiva, como atestigua el aparejamiento familiar de “muerte e impuestos”. Un método es inducir al determinismo hitoriográfico en oposición la libre voluntad individual. Si la dinastía X nos gobierna, esto es debido a que las “Leyes Inexorables de la Historia” (o la Voluntad Divina, o el Absoluto, o las Fuerzas Materialistas Productivas) lo han decretado así y nada que un endeble individuo pueda hacer podría cambiar ese decreto inevitable. También es importante para el Estado inculcar a sus súbditos una animadversión por cualquier “teoría de conspiración de la historia”; pues la búsqueda de “conspiraciones” significa una búsqueda de motivos y la atribución de responsabilidades por las fechorías históricas. Sin embargo, si cualquier tiranía, corrupción o guerra agresiva impuesta por el Estado, no fue causada por los gobernantes del Estado, sino por las misteriosas y secretas “fuerzas sociales”, o por el imperfecto estado del mundo, o si de alguna manera todo el mundo fuese responsable (“Todos somos asesinos”, proclama un eslogan), entonces no tiene sentido que la gente se sienta indignada y se levante en contra de tales crímenes. Además, un ataque contra las “teorías de conspiración” significa que los súbditos se harán más crédulos al tragarse las razones de “bienestar general” que siempre son presentadas por el Estado para dedicarse a cada una de sus actividades despóticas. Una “teoría de conspiración” puede desestabilizar el sistema al causar que el público dude de la propaganda ideológica del Estado.
Otro método probado y auténtico para doblegar a sus súbditos a la voluntad del Estado es inducir sentimientos de culpa. Cualquier incremento en el bienestar privado puede ser atacado como “avaricia escandalosa”, “materialismo” o “excesiva opulencia”; el producir ganancias puede ser atacado como “explotación”, “usura”; intercambios mutuamente beneficiosos denunciados como “egoísmo” y, de alguna manera, siempre llegando a la conclusión que más recursos deben ser desviados del sector privado al “público”. La culpa así inducida hace al público más presto a aceptar exactamente eso. Pues mientras las personas individuales tienden a dejarse llevar por la “avaricia egoísta”, la incapacidad de los gobernantes de comprometerse en intercambios se supone que debe representar su devoción a causas más elevadas y nobles -siendo aparentemente la depredación parasítica moral y estéticamente magnánima en comparación con el trabajo pacífico y productivo.
En la presente, más secular, época el derecho divino del Estado ha sido suplido mediante la invocación de un nuevo dios: la Ciencia. Se proclama ahora que el gobierno del Estado es ultracientífico, al constituir planificación por expertos. Pero, a pesar que la “Razón” es invocada más frecuentemente que en siglos anteriores, esta no es la verdadera razón del individuo y su ejercicio del libre albedrío; esta es aun colectivista y determinista, implica agregados integrales y la manipulación coercitiva de los pasivos súbditos por parte del Estado.
El creciente uso de la jerga científica le ha permitido a los intelectuales del Estado tejer apologías obscuras del Estado que sólo habrían sido ridiculizadas por los habitantes de una época más sencilla. Un ladrón que justificase sus robos diciendo que en realidad él ayuda a sus víctimas, al estimular las ventas minoristas con sus gastos, hallaría muy pocos conversos; pero cuando esta teoría es disfrazada con ecuaciones Keynesianas y referencias impresionantes al “efecto multiplicador” desafortunadamente posee más convicción. De manera que el asalto al sentido común continúa, cada época realizando la tarea a su propio modo.
De manera que, siendo el apoyo ideológico vital para el Estado, este debe intentar incesantemente de impresionar al público con su “legitimidad”, para distinguir sus actividades de los meros bandidos. Sus asaltos constantes al sentido común no es un accidente, pues como Mencken vívidamente mantuvo:
El hombre promedio, cualquiera que sean sus otros errores, al menos ve claramente que el gobierno es algo que está fuera de él y de la generalidad de sus semejantes -es decir, un poder separado, independiente y hostil, sólo parcialmente bajo su control y capaz de causarle gran daño. ¿Es un hecho insignificante que robar al gobierno es considerado en todas partes como un crimen de menor magnitud que robar a un individuo, o aun a una corporación? … Lo que está detrás de todo esto, creo yo, es un profundo sentido del antagonismo fundamental entre el gobierno y la gente a la que gobierna. Este es entendido, no como un comité de ciudadanos escogidos para encargarse de los asuntos comunales de toda la población, sino como una corporación separada y autónoma, principalmente avocada a la explotación de la población para el beneficio de sus propios miembros [los del Estado]… Cuando un ciudadano privado es robado, una persona valiosa es privada de los frutos de su trabajo y ahorros; cuando un gobierno es robado lo peor que pasa es que ciertos granujas y parásitos tendrán menos dinero para jugar que antes. La noción de que ellos se ganaron ese dinero nunca es considerada; para la mayoría de las personas sensibles dicha noción sería ridícula19.

Como el Estado trasciende sus límites

Como Bertrand de Jouvenel sagazmente ha señaló, a lo largo de los años los hombres han inventado conceptos diseñados para contener y limitar el ejercicio del gobierno del Estado; y una vez tras otra el Estado, usando sus aliados intelectuales, ha logrado transformar estos conceptos en sellos de aprobación intelectuales de legitimidad y virtud a ser adjuntados a sus decretos y actuaciones. Originalmente, en Europa Occidental el concepto de soberanía divina sostenía que los reyes sólo podían gobernar de acuerdo a la ley divina; los reyes transformaron el concepto en un sello de aprobación divina para cualquiera de las acciones del rey. El concepto de democracia parlamentaria comenzó como una limitación popular al poder de la monarquía absolutista; terminó con el parlamento como la parte esencial del Estado y cada uno de sus actos como absolutamente soberano. Como Jouvenel concluye:
Muchos escritores sobre la teoría de la soberanía han divisado uno (…) de estos mecanismos de restricción. Pero al final, todas y cada una de estas teorías han perdido su propósito original tarde o temprano y han venido a ser meros trampolines al Poder, al proveerlo con la poderosa ayuda de un soberano invisible con quien poderse identificar satisfactoriamente con el paso del tiempo.20
Similarmente con doctrinas más específicas: los “derechos naturales” del individuo consagrados por John Locke y la Ley de Derechos se conviertieron en el estatista “derecho a un trabajo”; el utlitarismo se transformó de argumentos en favor de la libertad en argumentos contra la resistencia a las invasiones de la libertad por el Estado, etc.
Ciertamente el intento más ambicioso de imponer límites al estado ha sido la Ley de Derechos y otras partes restrictivas de la Constitución de los Estados Unidos, en los cuales límites escritos sobre el gobierno se convirtieron en la ley suprema a ser interpretada por un poder judicial supuestamente independiente de las otras ramas del gobierno. Todos los estadounidenses están familiarizados con el proceso por el cual la construcción de límites en la constitución ha sido inexorablemente expandida a los largo del último siglo. Pero pocos han sido tan agudos como el profesor Charles Black para ver que en el proceso el Estado ha transfromado la misma revisión judicial de un instrumento para limitar a tan sólo un instrumento más para suministrar legitimidad ideológica a sus actuaciones. Pues si un decreto de “inconstitucionalidad” es una contención potente del poder del Estado, un veredicto implícito o explícito de “constitucionalidad” es un arma fabulosa para alentar la aceptación pública de cada vez mayores poderes gubernamentales.
El profesor Black comienza su análisis señalando la crucial necesidad de “legitimidad” para que cualquier gobierno perdure, esta legitimación significa aceptación mayoritaria básica del gobierno y sus acciones21. La aceptación de la legitimidad se hace un problema particular en un país como los Estados Unidos, donde limitaciones sustantivas están incluidas en la teoría sobre la que el gobierno descansa. Lo que se necesita, agrega Black, es un medio por el cual el gobierno pueda asegurar al público que sus crecientes poderes son, de hecho, constitucionales. Y esta, concluye, ha sido la principal función histórica de la revisión judicial.
Dejemos que Black ilustre el problema:
El riesgo supremo [para el gobierno] es la deslealtad y sentimiento de indignación ampliamente diseminado en la población, y la pérdida de autoridad moral por el gobierno como tal, por mucho que esta sea apoyada por la fuerza, la inercia o la falta de una alternativa atractiva disponible inmediatamente. Casi cualquier persona que viva bajo un gobierno de poderes limitados, tarde o temprano se verá sujeto a una acción gubernamental que desde la óptica de la opinión privada se encuentra fuera de los poderes del gobierno o prohibida positivamente. Un hombre es reclutado, aunque no encuentra nada en la constitución sobre ser reclutado (…) A un granjero se le dice cuánto trigo puede cosechar, y descubre que algunos abogados respetables creen igual que él que el gobierno no tiene más derecho de decirle cuánto trigo puede cosechar que de decirle a su hija con quién se puede casar. Un hombre va a la cárcel federal por decir lo que quiere y se encuentra en su celda recitando (…) “El Congreso no pasará leyes que limiten la libertad de expresión”. A un comerciante se le dice cuánto puede y debe pedir por una mantequilla. El peligro es bastante real de que cada una de estas personas (¿y quién no se cuenta entre sus filas?) confronte el concepto de limitación del gobierno con la realidad (como a él le parece) de la flagrante transgresión de los límites concretos y llegue a la obvia conclusión respecto al estado de su gobierno en cuanto a su legitimidad.22.
El peligro es evitado por el Estado al proponer la doctrina que una agencia debe tener la última palabra en asuntos de constitucionalidad y que esta agencia debe ser, en el análisis final, parte del mismo gobierno federal23. Pues mientras la aparente independencia del aparato judicial federal ha jugado un papel vital en convertir sus acciones en Santa Palabra para la masa de la población, también es cierto que la judicatura es parte y parcela del aparato gubernamental y es nombrada por las ramas ejecutiva y legislativa. Black admite que esto significa que el Estado se ha convertido en juez de su propia causa, violando en consecuencia un principio jurídico básico en la búsqueda de decisiones justas. Black niega bruscamente la posibilidad de otra alternativa.24
Black agrega:
El problema es entonces, inventar los medios gubernamentales de manera que [con un poco de suerte] se reduzca a un mínimo tolerable la objeción que el gobierno es juez de su propia causa. Habiendo logrado lo anterior, sólo se puede esperar que esta objeción, aunque teóricamente aun válida [énfasis mío], pierda en la práctica suficiente fuerza, de manera que la labor legitimadora de la institución que decida gane aceptación.25
En el análisis final, Black encuentra el logro de la justicia y la legitimidad de que el Estado perpetuamente esté juzgando sus propias causas como “un verdadero milagro”26
Aplicando su tesis al famoso conflicto entre la Corte Suprema y el New Deal, el profesor Black incisivamente regaña a sus compañeros colegas pro-New Deal por su miopía al denunciar la obstrucción judicial:
la versión estándar de la historia del New Deal y la Corte, a pesar de ser precisa en su forma, desplaza el énfasis (…) se concentra en las dificultades; casi olvida la forma en que todo el asunto terminó. Su consecuencia fue [y esto es lo que me gusta enfatizar] que después de casi 24 meses de resistencia (…) la Corte Suprema, sin un sólo cambio en las leyes de su composición, o de hecho, en su directiva efectiva, colocó el sello afirmativo de legitimidad en el New Deal y en la totalidad del nuevo concepto de gobierno en los Estados Unidos27
De esa forma, la Corte Suprema fue capaz de mandar al sueño eterno al amplio grupo de estadounidenses que tenía serias objeciones constitucionales contra el New Deal:
Desde luego, no todo el mundo estuvo satisfecho. El Bonnie Prince Charlie del laissez-faire mandado constitucionalmente todavía agita los corazones de unos pocos fanáticos en las Montañas de la irrealidad colérica. Pero ya no hay ninguna duda pública significativa o peligrosa respecto al poder constitucional del Congreso para manejar economía nacional de la forma que lo hace (…) No teníamos otro medio, sino la Corte Suprema, para imprimirle legitimidad al New Deal.28
Tal como Black reconoce, John C. Calhoun fue uno de los más importantes teóricos políticos que se dio cuenta -y con bastante anticipación- de la manifiesta laguna jurídica en los límites constitucionales al gobierno resultante de colocar el poder de interpretación definitivo en la Corte Suprema. Calhoun no estaba contento con el “milgro”, sino que en cambio procedió con un análisis profundo del problema constitucional. En su Disquiciones, Calhoun demostró la tendencia inherente del Estado de violar los límites de tal Constitución:
 Una constitución escrita ciertamente tiene muchas y considerables ventajas, pero es un error grave suponer que la mera inserción de provisiones para restringir y limitar el poder del gobierno, sin investir a quienes para cuya protección han sido insertadas, de los medios para hacerlas cumplir [énfasis mío], será suficiente para evitar que el partido dominante abuse de sus poderes. Siendo el partido que posee al gobierno, y a partir de la misma naturaleza del hombre que hace necesario al gobierno para proteger a la sociedad, este estará a favor de los poderes que la constitución otorga y opuesto a las restricciones diseñadas para limitarlo (…) El partido menor o más débil, por el contrario, tomará la dirección opuesta, y las considerará [las restricciones] esenciales para su protección contra el partido dominante (…) Pero donde no hay medios con los cuales obligar al partido dominante a respetar las restricciones, el único recurso que les queda sería un construcción estricta de la constitución (…) A esto el partido dominante opondría una construcción liberal (…) Sería construcción contra construcción -una para reducir y la otra para expandir los poderes del gobierno al máximo. ¿Pero de qué utilidad sería la construción estricta del partido débil, contra la construcción liberal del partido fuerte, cuando este tendría todo el poder del gobierno para poner en práctica su construcción y el otro estaría privado de todos los medios de hacer cumplir su construcción? En una lucha tan desigual, el resultado sería indudable. El partido a favor de las restricciones sería abrumado (…) el final de la luch sería la subversión de la constitución (…) en última instancia las restricciones serían anuladas y el gobierno se convertiría en uno de poderes absolutos.29
Uno de los pocos científicos políticos que reconoció el análisis de Calhoun sobre la Constitución fue el profesor J. Allen Smith. Smith nota que la Constitución estaba diseñada con separación de poderes para limitar cualquiera de las ramas del gobierno y sin embargo había entonces desarrollado una Corte Suprema con el monopolio del poder de interpretación definitivo. ¿Si el gobierno federal fue creado para limitar las invasiones de la libertad individual por parte de los estados, quién limitaría el poder federal? Smith mantenía que en la idea de la separación de poderes constitucional estaba implícita la visión concomitante de que a ninguna de las ramas del gobierno se le puede conceder el poder de interpretación definitivo: La gente supuso que al nuevo gobierno no podía permitírsele determinar los límites de su propia autoridad, ya que esto lo haría -y no la Constitución- un gobierno absoluto30
La solución propuesta por Calhoun (y apoyada en este siglo por escritores como Smith) fue, por supuesto, la famosa doctrina de la “mayoría concurrente”. Si cualquier interés de una minoría substancial en el país, específicamente el gobierno de un estado, creía que el gobierno federal se estaba excediendo en sus límites y violando sus derechos, la minoría tendría el derecho de vetar este ejercicio de poder por inconstitucional. Aplicada a los gobiernos estatales, esta teoría implicaba el derecho a la “anulación” de una ley o un fallo federal dentro de la jurisdicción de un estado.
En teoría, el sistema constitucional resultante aseguraría que el gobierno federal limitara cualquier invasión de los derechos individuales por parte de los estados, mientras que los estados limitarían cualquier poder federal excesivo sobre el individuo. Y sin embargo, aunque las limitaciones serían más efectivas que actualmente, hay muchas dificultades y problemas con la solución de Calhoun. Si, de hecho, un interés subordinado debería tener veto legítimamente sobre los asuntos que le conciernen, entonces ¿por qué detenerse en los estados? ¿po qué no otorgar poder de veto a los condados, las ciudades, los distritos? Además los intereses no son sólo seccionales, también son ocupacionales, sociales, etc. ¿Qué de los panaderos o taxistas o cualquier otra profesión? ¿No se les debería permitir el veto sobre sus propias vidas? Esto nos trae al importante punto de que la teoría de anulación confina sus límites a las agencias del mismo gobierno. No olvidemos que los gobiernos federal y estatal, con sus respectivas ramificaciones, son todavía Estados, todavía están guiados por sus respectivos intereses de estado en vez de por los intereses de los ciudadanos privados. ¿Qué prevendría que el sistema de Calhoun funcionase al revés, con los estados tiranizando a sus ciudadanos y vetando al gobierno federal sólo cuando este intenta intervenir para detener dicha tiranía? ¿O que los estados consientan la tiranía federal? ¿Qué evitaría que los gobierno federal y estatal formen alianzas mutuamente beneficiosas para la explotación conjunta de la ciudadanía? Y aun si las agrupaciones profesionales privadas tuviesen alguna forma de representación “funcional” en el gobierno, ¿qué prevendría que estas usen al gobierno para ganar subsidios y otros privilegios especiales para sí mismas o imponer carteles obligatorios sobre sus propios miembros?
En resumen, Calhoun no lleva su teoría radical sobre la concurrencia suficientemente lejos: no la lleva hasta el individuo mismo. Después de todo, si el individuo es a quien se le deben proteger los derechos, entonces una teoría consistente sobre la concurrencia implicaría poder de veto para cada individuo; es decir, alguna forma de “principio de unanimidad”. Cuando Calhoun escribió que debería ser imposible ponerlo o mantenerlo [al gobierno] en acción sin el consentimiento concurrente de todos, quizás estaba justamente implicando tal conclusión sin darse cuenta.31 Pero semejantes especualciones nos comienzan a desviarnos de nuestro tema, puesto al final de este camino se encuentran sistemas políticos que difícilmente podrían ser llamados “Estados”.32 Por una razón: así como el derecho de anulación para un estado implica lógicamente el derecho de secesión, de la misma manera el derecho de anulación individual implicaría el derecho de todo individuo a “separarse” del Estado en el que vive.33
De manera que el Estado ha demostrado siempre un impresionante talento para la expansión de sus poderes más allá de cualquier límite que le pueda ser impuesto. Ya que el Estado necesariamente vive de la confiscación obligatoria del capital privado y ya que su expansión implica necesariamente incursiones cada vez mayores sobre el individuo z y la empresa privada, debemos afirmar que el Estado es profunda e inherentmente anti-capitalista. En cierto sentido, nuestra posición es la opuesta al dictamen marxista que el Estado es la “Junta Directiva” de la clase gobernante actualmente, supuestamente los capitalistas. En cambio, el Estado -la organización de los medios políticos- constituye y es la fuente de la clase gobernante (más bien castagobernante) y está en permanente oposición al capital privado genuino. Podemos entonces concurrir con de Jouvenel:
Sólo aquellos que no conocen otro tiempo sino el propio, que están completamente en la oscuridad respecto a las maneras del comportamiento del Poder a lo largo de miles de años, considerarían este tipo de procedimientos [nacionalizaciones, impuestos sobre la renta, etc.] como el fruto de un tipo particular de doctrinas. Dichos procedimientos son, de hecho, las manifestaciones normales del Poder, y no difieren para nada en su naturaleza de las confiscaciones de los monasterios por Enrique VIII. El mismo principio entra en acción, el hambre por la autoridad, la sed de recursos; y en todas estas operaciones las mismas características están presentes, incluyendo al rápida elevación de los repartidores del botín. Sea Socialista o no, el Poder debe estar siempre en guerra contra las autoridades capitalistas y despojar al capitalista de su riqueza acumulada; al hacerlo obedece las leyes de su propia naturaleza.34

Lo que el Estado teme

Lo que el Estado teme por sobre todas las cosas es, por su puesto, cualquier amenaza fundamental a su propio poder y existencia. La muerte del Estado puede suceder por dos vías: (a) a través de la conquista por otro Estado, o (b) a través del derrocamiento revolucionario por sus propios súbditos, es decir, por guerra o por revolución. La guerra y la revolución, como las dos amenazas básicas, generan en los gobernantes sus máximos esfuerzos y la más intensa propaganda entre la gente. Como se ha dicho anteriormente, cualquier método debe ser usado siempre para movilizar a la gente para que venga en defensa del Estado bajo la creencia de que se está defendiendo a sí misma. La falacia de la idea se hace evidente cuando se utiliza la conscripción contra aquellos que se niegan a “defenderse” a sí mismos y, en consecuencia, son obligados a unirse a la banda militar del Estado: no hace falta decirlo, ninguna “defensa” se les permite contra este acto de “su propio” Estado.
En guerra el poder del Estado es llevado al máximo y, bajo el eslogan de la “defensa” o la “emergencia” puede imponer una tiranía sobre el público que en tiempos de paz sería resistida abiertamente. La guerra, por lo tanto, ofrece múltiples beneficios al Estado y, de hecho, cada guerra moderna ha traido a los pueblos beligerentes un legado de más cargas sobre la sociedad. Además, la guerra proporciona al Estado tentadoras oportunidades para la conquista de tierras sobre las que ejercer su monopolio de la violencia. Randolph Bourne ciertamente estaba en lo correcto cuando escribió que “la guerra es la salud del Estado, pero para un Estado determinado, la guerra puede traer salud o heridas graves.35
Podemos probar la hipótesis de que el Estado está en gran medida más interesado en protegerse a sí mismo que en proteger a sus súbditos preguntando: ¿cuál categoría de crímenes persigue y castiga el Estado más intensamente, aquellos contra los ciudadanos privados o aquellos en su contra? Los crímenes más graves en el léxico estatal son casi invariablemente no invasiones contra las personas o la propiedad privada, sino amenazas contra su propia satisfacción, por ejemplo, traición, la deserción de un soldado a las filas del enemigo, falla al registrarse en la recluta, subversión o conspiración subversiva, asesinato de los gobernantes o tales crímenes económicos contra el Estado como la falsificación de su dinero o la evasión de sus impuestos. O compare el celo dedicado a la persecución del hombre que asalta a un policía, con la atención que el Estado presta a quien asalta a un ciudadano ordinario. Curiosamente sin embargo, la prioridad asignada por el Estado a su propia defensa contra el público sorprende a pocos como inconsistente con su supuesta raison d’etre.36

Cómo se relacionan los Estados entre sí

Ya que el área territorial de La Tierra está dividida entre distintos Estados, las relaciones inter-estatales deberán ocupar mucho del tiempo y energía de cada Estado. La tendencia natural del Estado es expandir su poder, y externamente tal expansión tiene lugar mediante la conquista de un territorio. A menos que un territorio no tenga Estado o esté deshabitado, cualquier expansión de este tipo representa un conflicto de intereses ineherente entre los gobernantes de un Estado y los del otro. Sólo un grupo de gobernantes puede obtener un monopolio de la coacción en una determinada área en un determinado instante de tiempo: el poder absoluto sobre un territorio del Estado X sólo puede ser alcanzado mediante la expulsión del Estado Y. La guerra, aunque riesgosa, siempre será una tendencia permanente del Estado, con períodos intercalados de paz y cambios en las alianzas y coaliciones entre Estados.
Hemos visto que el intento “local” o “doméstico” de limitar al Estado, entre los siglos XVII y XIX, alcanzó su forma más notable en el constitucionalismo. Su contraparte “externa” o de “política exterior” fue el desarrollo de la “ley iternacional”, especialmente tales formas como las “leyes de la guerra” o los “derechos de neutralidad”.37 Partes de la ley internacional eran originalmente completamente privadas, originándose en la necesidad de los comerciantes de proteger su propiedad y adjudicar disputas dondequiera que estuvieran. Ejemplos de esto son la ley de almirantazgo o la ley comercial. Pero aun las reglas gubernamentales eran voluntarias y no eran impuestas por ningún “super-estado” internacional. El objetivo de las “leyes de la guerra” era limitar la destrucción inter-estatal al mismo aparato estatal, protegiendo de ese modo al inocente público “civil” de la matanza y la devastación de la guerra. El objetivo de los derechos de neutralidad era proteger el comercio internacional civil, aun con países “enemigos”, de confiscaciones por alguna de las partes en guerra. De manera que el propósito fundamental era limitar la extensión de cualquier guerra y, particularmente, limitar su impacto destructivo en los ciudadanos de los países neutrales y hasta de los países en guerra.
El jurista F. J. P. Veale describe encantadoramente tal “guerra civilizada” tal como floreció brevemente en la Italia del siglo XV:
Los ricos burgueses y comerciantes de la Italia medieval estaban demasiado ocupados haciendo dinero y disfrutando de la vida para sufrir las penurias y peligros de hacerse soldados. De manera que adoptaron la práctica de contratar mercenarios para que pelearan por ellos y, siendo ahorrativos, hombres de negocios, rápidamente despedían a sus mercenarios cuando sus servicios se hacían innecesarios. Por lo tanto, las guerras eran peleadas por ejércitos contratados para cada campaña (…) Por primera vez ser soldado se convirtió en un profesión razonable y comparativamente inofensiva. Los generales de aquel período maniobraban contra el otro, frecuentemenre con habilidad consumada, pero cuando uno había ganado ventaja, el otro generalmente se retiraba o se rendía. Era una regla reconocida que un pueblo sólo podía ser saqueado si ofrcía resistencia: siempre se podía comprar la inmunidad mediante el pago de un rescate (…) en consecuencia ningún pueblo resistía nunca, siendo obvio que un gobierno demasiado débil para defenderlo había perdido el derecho a su lealtad. La población civil tenía poco que temer de los peligros de la guerra, que eran asunto sólo de los soldados profesionales.38
La casi absoluta separación del civil privado de las guerras del Estado en la Europa del siglo XVIII es destacada por el profesor Nef:
Ni siquiera la comunicación postal era interrumpida por mucho en tiempos de guerra. Las cartas circulaban sin censura, con una libertad que asombra a una mente del siglo XX (…) Los súbditos de dos países en guerra se hablaban al encontrarse, y cuando no se podían encontrar se carteaban, no como enemigos, sino como amigos. La noción moderna de que los súbditos de un país enemigo son parcialmente responsables por las acciones beligerantes de sus gobernantes difícilmene existía. Ni tenían los gobernantes enfrentados la más mínima disposición para detener la comunicación con súbditos del enemigo. Las viejas prácticas de espionaje conectadas con creencias y ritos religiosos estaban desapareciendo, y ninguna inquisición relacionada con comunicaciones políticas o económicas era siquiera contemplada. Los pasaportes fueron creados como salvoconductos en tiempos de guerra. Durante la mayor parte del siglo XVIII rara vez se les ocurrió a los europeos abandonar sus viajes por países extranjeros con los que el suyo estaba en guerra.39
Y siendo el comercio crecientemente reconocido como beneficioso para ambas partes, las guerras del siglo XVIII también tienen su contraprte en una cantidad considerable de “comercio con el enemigo”40
Cuán lejos han sobrepasado los Estados las reglas de guerra civilizada durante este siglo no necesita ser elaborado acá. En la era moderna de la guerra total, combinada con la tecnología de destrucción total, la misma idea de limitar la guerra al aparato estatal parece más curiosa y obsoleta que la constitución original de los Estados Unidos.
Cuando los Estados no están en guerra, frecuentemente son necesarios acuerdos para mantener las fricciones al mínimo. Una doctrina que curiosamente ha ganado amplia aceptción es la supuesta “santidad de los tratados”. Este concepto es tratado como contraparte de la “santidad de los contratos”. Pero un tratado y un contrato genuino no tienen nada en común. Un contrato transfiere, de manera precisa, títulos de propiedad privada. Como el gobierno no “posee”, en ningún sentido apropiado, el territorio que ocupa, cualquier acuerdo que concluya no confiere títulos de propiedad. Por ejemplo, si el Sr. Jones le vende o le da su tierra al Sr. Smith, el heredero de Jones no puede aparecérsele al heredero de Smith y reclamar la tierra como legalmente suya. El título de propiedad ya ha sido transferido. El contrato del viejo Jones es automáticamente vinculante sobre el joven Jones, porque aquel ya ha trasnferido la propiedad; el joven Jones, por lo tanto, no tiene derecho a tal propiedad. El joven Jones sólo puede reclamar lo que ha heredado del viejo Jones, y el viejo Jones sólo puede legar aquello que todavía posee. Pero si en una cierta fecha el gobierno de, digamos, Ruritania es coaccionado o incluso sobornado por el gobierno de Waldaviapara entregar parte de su territorio, es absurdo pedir que a los gobiernos o los habitantes de los dos países se les prohíba para siempre reclamar la reunificación de Ruritania con base en la santidad de los tratados. Ni la gente, ni la tierra del Noroeste de Ruritania son poseídas por ninguno de los dos gobiernos. Como corolario, ciertamente un gobierno no puede obligar, por la mano muerta del pasado, a posteriores gobiernos a través de tratados. Similarmente, un gobierno revolucionario que derrocara al rey de Ruritania, difícilmente podría ser hecho responsable por las acciones o deudas del rey, pues un gobierno no es -como sí lo es un niño- un verdadero “heredero” de la propiedad de su predecesor.

La historia como competencia entre el poder estatal y el poder social

Así como las dos básicas y mutuamente excluyentes interrelaciones entre hombres son la cooperación pacífica o la explotación coactiva, producción o depredación, la historia de la humanidad, particularmente su historia económica, puede ser considerada como una competencia entre estos dos principios. En una mano hay productividad creativa, intercambio pacífico y cooperación; en la otra dictados coactivos y depredación sobre aquellas relaciones sociales. Albert Jay Nock felizmente calificó estas fuerzas en lucha: “poder social” y “poder estatal”.41 El poder social es el poder del hombre sobre la naturaleza, su transformación cooperativa de los recursos naturales y su entendimiento de las leyes de la naturaleza, en beneficio de todos los individuos participantes. El poder social es el poder sobre la naturaleza, el nivel de vida alcanzado por el hombre en intercambio mutuo. El poder estatal, como hemos visto, es la coactiva y parasítica confiscación de esta producción -un drenaje de los frutos de la sociedad en beneficio de gobernantes improductivos (de hecho, antiproductivos). Mientras el poder social es sobre la naturaleza, el poder estatal es poder sobre el hombre. A lo largo de la historia las fuerzas productivas y creativas del hombre han ideado, una y otra vez, nuevas formas de transformar la naturaleza en beneficio del hombre. Esos han sido los tiempos cuando el poder social ha tomado la delantera al poder estatal, y cuando el grado de invasión de la sociedad ha disminuido considerablemente. Pero siempre, después de un tiempo largo o corto, el Estado se ha movido hacia estas nuevas áreas, lisiando y confiscando el poder social una vez más.42 Si entre los siglos XVII y XIX, en muchos países de Occidente, fueron tiempos de creciente poder social y un corolario aumento de la libertad, paz y bienestar social, el siglo XX ha sido principalmente una era durante la cual el poder estatal se ha estado recuperando -con la consecuente reversión hacia el esclavismo, guerra y destrucción.43
En este siglo, la raza humana se enfrenta una vez más al virulento reino del Estado -del Estado armado ahora con los frutos de los poderes creativos del hombre, confiscados y pervertidos para sus propios objetivos. Los recientes siglos fueron tiempos en los que los hombres trataron de poner límites constitucionales y de otro tipo al Estado, sólo para darse cuenta que tales límites, como con todos los otros intentos, han fallado. De las numerosas formas que han tomado los gobiernos a lo largo de siglos, de todos los conceptos e instituciones que han sido probadas, ninguna ha tenido éxito en mantener al Estado bajo control. Evidentemente, el problema del Estado está tan lejos de una solución como nunca antes. Tal vez nuevas formas de pensar deban ser exploradas, si es que la solución exitosa y definitiva del problema del Estado ha de ser lograda algún día.